Los socialistas reúnen a representantes del tercer sector en la Biblioteca de San Zoilo para analizar las reformas legislativas y reclamar una reducción de las listas de espera en Andalucía
El PSOE de Málaga ha celebrado en la Biblioteca de San Zoilo de Antequera un encuentro con representantes del tercer sector para abordar las novedades legislativas en materia de dependencia y discapacidad. Durante la jornada, los socialistas han defendido la necesidad de reforzar las políticas sociales y han advertido de que su futuro será una de las cuestiones en juego en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Málaga, José Bernal, ha reivindicado el papel de su partido en el desarrollo de la Ley de Dependencia y ha asegurado que los próximos comicios serán decisivos para determinar la continuidad de las políticas de protección social.
Bernal ha planteado la cita electoral como una elección entre avanzar en los derechos sociales o retroceder en las prestaciones destinadas a las personas dependientes y con discapacidad. En este sentido, ha defendido que un gobierno progresista permitiría consolidar las mejoras impulsadas durante los últimos años.
El PSOE denuncia las demoras en la atención a la dependencia en Andalucía
La secretaria coordinadora del Área de Políticas del Estado del Bienestar y Derechos de la Ciudadanía del PSOE de Málaga, Estefanía Martín Palop, ha centrado su intervención en las listas de espera del sistema de dependencia en Andalucía.
Según ha denunciado, las personas solicitantes soportan demoras superiores a los 450 días para acceder a las prestaciones, una situación que, ha advertido, provoca que algunas fallezcan antes de recibir la atención que necesitan.
Martín Palop ha defendido las reformas promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, dirigidas a simplificar los procedimientos administrativos, ampliar los servicios, mejorar las prestaciones y reforzar la financiación del sistema.
También ha recordado la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, que actualizó el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Una financiación extraordinaria de 954 millones para Andalucía
Por su parte, el secretario de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo, ha explicado que el objetivo de la jornada ha sido trasladar a las entidades sociales las principales novedades normativas y conocer las necesidades que afrontan en su actividad diaria.
Ruiz Espejo ha destacado tres aspectos de las reformas: el desarrollo de un modelo de atención centrado en la persona, la reducción de las cargas burocráticas y la ampliación de los derechos de quienes ejercen labores de cuidados.
Asimismo, ha señalado que el incremento de financiación estatal para el sistema de dependencia contempla una aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, de los que, según ha indicado, 954 millones corresponderán a Andalucía.
El dirigente socialista ha reclamado que estos recursos se traduzcan en una mejora efectiva de los servicios y en una reducción de las listas de espera. «No habrá excusas en Andalucía para poder atender todas las necesidades que hay de las personas que están en lista de espera», ha afirmado.
Participación de entidades del tercer sector
El encuentro también ha contado con las intervenciones de José Luis Escobar Pacheco, psicólogo y funcionario de la Diputación de Málaga, y Rosi Trillo Alarcón, presidenta de la Asociación Casas de Asís.
Ambos han abordado la situación de las entidades sociales en la provincia y las necesidades existentes para mejorar la atención a las personas dependientes y con discapacidad.
En la jornada también ha participado el candidato socialista al Senado Javier García León, mientras que la clausura ha corrido a cargo del secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.
La reunión ha servido para poner sobre la mesa los retos del sistema de dependencia y la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades del tercer sector, en un contexto marcado por el debate sobre la financiación, las prestaciones y los tiempos de espera para acceder a los servicios.
