La iniciativa incluye el plan «País de los 30 Minutos» y medidas sobre empleo, infraestructuras, igualdad, transición ecológica y arraigo de la población
El Consejo de Ministros ha aprobado la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, una hoja de ruta dirigida a reducir las diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales y mejorar las oportunidades de las personas que viven en municipios pequeños o con baja densidad de población.
La iniciativa, propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establece las principales líneas de actuación que deberán desarrollar las diferentes administraciones públicas dentro de sus respectivas competencias.
Sus medidas tendrán especial relevancia para territorios rurales como los que conforman buena parte de la comarca de Antequera, donde la disponibilidad de servicios públicos, las comunicaciones, la vivienda, el relevo generacional y la creación de empleo constituyen factores esenciales para mantener población y garantizar la calidad de vida.
La estrategia no contempla únicamente frenar la despoblación. Su objetivo es avanzar hacia un modelo territorial en el que residir en un municipio rural sea una opción viable y no esté condicionado por la falta de servicios, empleo u oportunidades. El documento busca que vivir en cualquier parte de España pueda ser una elección libre y digna.
Servicios esenciales a unos 30 minutos
Uno de los principales instrumentos previstos es el Plan Estatal «País de los 30 Minutos», que trasladará a los entornos rurales y a las ciudades pequeñas el concepto de proximidad aplicado en los grandes núcleos urbanos.
El propósito es que las personas residentes en zonas de menor densidad de población puedan acceder a los servicios cotidianos y esenciales en un desplazamiento aproximado de media hora.
Para su desarrollo será necesaria una actuación coordinada de los distintos ministerios, especialmente de aquellos con presencia directa en el territorio, así como la cooperación de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.
Este planteamiento puede tener una incidencia directa en cuestiones como la atención sanitaria, la educación, el transporte, los servicios sociales, el comercio, las gestiones administrativas y la conectividad de los municipios rurales.
Cinco pilares de actuación
La II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico se estructura en cinco pilares principales y dos ejes transversales.
El primero se centra en la resiliencia y adaptación de los territorios rurales ante la emergencia climática. El documento reconoce la vulnerabilidad de estas zonas frente al cambio climático y plantea aprovechar las oportunidades económicas y laborales vinculadas a la transición ecológica.
El segundo pilar persigue mejorar el acceso a infraestructuras y servicios, reduciendo las diferencias entre el medio urbano y el rural y garantizando unas condiciones equivalentes de bienestar y calidad de vida.
La tercera línea de actuación está orientada al dinamismo socioeconómico local. Incluye el fomento del emprendimiento, la innovación, la economía social, la cooperación entre municipios, la atracción de talento y la creación de empleo adaptado a las características de cada territorio.
El cuarto pilar aborda la igualdad y la inclusión, con actuaciones dirigidas especialmente a mujeres, jóvenes, familias, personas mayores, población migrante y colectivos vulnerables.
El quinto se centra en la cultura, la identidad y el arraigo. Entre sus objetivos se encuentran proteger los recursos culturales locales, reforzar el sentimiento de pertenencia y ofrecer una imagen del mundo rural alejada de estereotipos.
Investigación y cooperación entre administraciones
La estrategia incorpora además dos ejes transversales. El primero está relacionado con la ciencia, la investigación y la creación de herramientas de conocimiento que permitan elaborar políticas públicas basadas en datos.
El segundo busca reforzar la cooperación entre los distintos niveles de la Administración, aumentar la participación social y mejorar la capacidad técnica de las entidades locales para diseñar y ejecutar proyectos adaptados a sus necesidades.
El documento apela también a la implicación de empresas, universidades, asociaciones, grupos de desarrollo rural y organizaciones de la sociedad civil.
Un observatorio para analizar cada territorio
La nueva hoja de ruta estará acompañada por la creación del Observatorio de Equidad Territorial y Reto Demográfico.
Esta herramienta recopilará indicadores y datos desglosados para detectar las necesidades y vulnerabilidades de cada zona. La información obtenida deberá facilitar el diseño de actuaciones específicas y la evaluación de los resultados de las políticas contra la despoblación.
La estrategia es fruto de un proceso participativo iniciado con una consulta pública en febrero de 2025, que recibió 193 aportaciones de entidades rurales, municipios y particulares.
Tras la presentación del documento en febrero de 2026 se abrió una segunda fase de participación, en la que se registraron otras 63 propuestas procedentes de administraciones públicas, universidades, empresas, asociaciones, fundaciones y ciudadanos.
La aprobación establece el marco general de actuación, aunque su aplicación práctica dependerá ahora del desarrollo de planes y medidas concretas por parte del Estado y de la colaboración con las administraciones autonómicas y locales.
